Existe una infortunada frase popular que reza: «En la guerra y en el amor todo se vale». Al principio podría convencer a más de una persona. No obstante, tendría que reflexionarse si ello implica anteponer los medios sobre los fines, es decir, ejecutar una acción a costa de lo que sea sin importar las consecuencias.
Desde luego, ni eso es amor, y para empezar, ni si quiera tendría por qué haber guerras en pleno siglo XXI. El trasfondo de todo ello es la incapacidad de respetar al otro y dimensionarlo como un ser humano, un otro distinto al yo con el que se coexiste.
A propósito de ello, durante la semana hubo al menos dos situaciones que exaltaron la opinión pública. En primer lugar, el deleznable asesinato de los hermanos González Moreno, en Jalisco. Luego, el encontronazo indirecto entre el jefe del ejecutivo y el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). ¿En la guerra y en el amor todo se vale?
Desde luego que no.
Bien lo afirmó el catedrático Marco Antonio Nuñéz Becerra tras suspender su clase de Filosofía del Derecho en la Universidad de Guadalajara, bajo el argumento de que los hechos vividos en la actualidad, tales como desaparición forzada y asesinatos, no deben ser normalizados. Por supuesto, la violencia de ningún tipo no puede ni debe ser normalizada. No obstante, la cotidianeidad de estos hechos pareciera ser que no se han enraizado en la cultura, y hoy día, se tolera la barbarie que bien señala Nuñéz Becerra.
Se ve en frases tan simples como «En la guerra y en el amor todo se vale». Bien se ha dicho que la lengua es el mecanismo principal para construir la realidad. Entonces sí así se menciona, así se entreteje, por lo que hechos tan atroces como el crimen de los hermanos en Jalisco, se toleran poco a poco.
Lo mismo sucede con las petulantes afirmaciones de Murayama cuando el jefe del ejecutivo denunció la compra de votos: el consejero electoral mencionó al referirse sobre la entrega de tarjetas a cambio de votos que «está permitido», aunque la Ley en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, es clara en su sanción «de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años de cárcel» al solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación. ¿O será que hay una interpretación distinta? ¿La ley puede intepretarse? Si es así ¿podría seguir llamándose «ciencia jurídica»?
O las mismas autoridades electorales desconocen sus propias leyes, o se ha normalizado este tipo de delitos hasta el grado de ser tolerados. Desde luego, en un país con alto grado de pobreza, la gente busca su propio beneficio, sin distinguir si se trata de delito o no, pues de algo tiene que comer. Así es como durante décadas ha sido: la despensa, la torta y el refresco a cambio del voto. Desde luego, eso debe terminar. No obstante, los polvos mágicos de la cuarta transformación no han sido capaces de erradicar tales actos.
Por tales razones, tomar como «normal» una frase que a simple vista parece inocente, puede resultar en graves atrocidades, no por la frase en sí misma, sino por el hecho de tolerar lo ilegal y hasta lo inhumano. En conclusión, ni la desaparición forzada ni la compra de votos ni alguna otra clase de omisión a la ley que atente contra la dignidad e integridad humana debe ser normalizada.
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