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Cárteles mexicanos, otra ruta de la migración

En México, los migrantes le temen más a los homicidios que al COVID-19; sin respaldo, se ven obligados a recorrer las rutas del crimen organizado.

Opinión: Alejandro Mendoza / Foto: Alejandro Mendoza

Durante una entrevista realizada el 30 de agosto de 2020, en el municipio de Huehuetoca, los jóvenes migrantes Marlon José, Vicente Yáñez y Juan Rodríguez, tras ser cuestionados sobre su opinión con respecto a la situación sanitaria que ha provocado el virus SARS CoV-2, respondieron “nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el pasado 26 de julio, en San Luis Potosí. Se perdió contacto con Marlon, el 08 de agosto de 2020. Vicente Yáñez y Juan Rodríguez se separaron en Guadalajara luego de sufrir un atentado. Posteriormente, el 28 de septiembre, Juan se dirigió a Tultitlán, Estado de México, última fecha de contacto; intentaba regresar a Honduras. Vicente Yáñez actualmente se encuentra en Monterrey; continúa en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos.

La pandemia por COVID-19, ha significado un cambio radical en las dinámicas de movilidad internacional. La migración del sur, pero particularmente del centro de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, se ha potencializado derivado de factores políticos, económicos, sociales y culturales, que en un gran número de casos, obligan a las personas a desplazarse del lugar donde residen. Sin embargo, durante su paso por México, debido al desorganizado apoyo que otorga el gobierno federal y sus dependencias, así como el poco respaldo de los ciudadanos, se ven obligados a recorrer el mismo camino que las organizaciones criminales, enfrentando situaciones de riesgo que derivan en casos de extorsión, secuestro, tortura e inclusive la muerte.

Durante el período 2020-2021, el crimen organizado se apoderó de los mecanismos de cruce a Estados Unidos que los polleros ofrecían a los migrantes indocumentados, en México. Además, con la llegada del COVID-19 al país, se incrementaron las operaciones focalizadas, el afianzamiento social, la diversificación económica y se acentuó el abandono de las políticas criminales en materia de seguridad por parte de las autoridades. Los problemas para conseguir precursores químicos para la elaboración de narcóticos, los controles fronterizos y la disrupción en los mecanismos de distribución y venta de droga, obligaron a las organizaciones criminales a desplazarse a nuevos nichos de valor, potencializando la explotación de migrantes quienes significan un método de ingreso económico que asciende hasta a 500 millones de dólares anuales.

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Por su parte, los funcionarios públicos continúan fomentando el discurso de los migrantes como irruptores del territorio nacional, antes que como un igual, que ante problemáticas sociales, económicas, políticas o culturales fue obligado a desplazarse de región. De esto, que se repriman las movilizaciones internacionales sin avanzar en materia de políticas públicas organizadas y equitativas que articulen un tránsito territorial seguro, regulado y humanizado. La política migratoria «Quédate en México», es un claro ejemplo de que el muro divisorio de Estados Unidos inicia desde la frontera sur de Guatemala y México, el cual, se ha justificado bajo el discurso actual de las medidas de seguridad sanitaria que requiere la crisis por COVID-19. Se dejan varados a los migrantes en las fronteras en condiciones insalubres o se deportan de forma exprés a hombres, mujeres y niños.

Ahora bien, los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad inicial, al descontento y la xenofobia generada a partir de la organización de las caravanas migrantes. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018 y que desde entonces van en aumento, provocaron en conjunto con las contradicciones nacionales e internacionales, el colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión. En lo general, la población construyó un imaginario colectivo de los migrantes como capital social negativo, quienes al no obtener un respaldo ciudadano ni administrativo, se ven obligados a buscar otras redes de relación que suelen encontrar en el crimen organizado. Dentro de este marco, se debe replantear al crimen organizado como un fenómeno económico, antes que social.

El papel fundamental de la prensa ha quedado desplazado en un gran porcentaje. Monopolizado y fragmentado, el gremio selecciona, predice y argumenta datos para victimizar a los migrantes. Sí bien, es meritorio que los estudios analicen el aprovechamiento del capital humano, las políticas migratorias, la infraestructura para la atención y el repunte de solicitudes desde diversas doctrinas y ejes temáticos, no hay una preocupación por poner en el centro de la observación a las personas migrantes; además de inferir a través de estereotipos. Es cuestionable que en las investigaciones sobre migración, los objetos de estudio sean las políticas internacionales, la economía e incluso la percepción social, antes que los migrantes. Se debe objetivar de una manera arriesgada la idea de los migrantes como un individuos igual de ventajosos, intrépidos y capaces que el núcleo más cercano, la familia. El no apreciarlos como afines, ocasiona que las propuestas de reformas a las políticas migratorias sean enfocadas a víctimas y no a iguales. Eliminar los clasismos y estereotipos y proponer un arriesgado panorama de «son igual que yo»; erradica la discriminación y se fomenta la ayuda humanitaria. Se trata de documentar generando prácticas y políticas de esperanza.


También te puede interesar: Cartografía del miedo, mapa de la violencia de género en Tultepec, Estado de México


Fuentes
  • Alejandro Mendoza (2021). Los cárteles mexicanos, la otra ruta de la migración. Marzo 27, 2021. Observer.NR

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