Giovana Trejo Cruz sobreviviente de violencia sexual en el Estado de Mexico fue detenida de manera ilegal y arbitraria mediante engaños.

El día de ayer llamaron a su madre diciéndole que le iban a entregar «una tarjeta de apoyo del programa bienestar», abusando de su vulnerabilidad y necesidad, ya que Giovana no ha recibido ningún apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), «los cuales han pisoteado sus derechos como víctima», según defensoras de derechos humanos.

Trejo denunció a su expareja por abuso sexual, logrando una sentencia condenatoria por 11 años. Después, la defensa de Carlos «N» apeló la condena con el fin de violentar a la víctima, según registros oficiales.

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Cabe destacar, que Giovana Trejo ha sido amedrentada y acosada desde que inició el proceso condenatorio para Carlos «N». Así mismo, se han presentado diversas irregularidades en su proceso en el Tribunal de Apelaciones, incluyendo la reposición del juicio.

En primer lugar, supuestos policías la detuvieron en Joyas de Cuautitlán y la subieron a un vehículo Jetta NEGRO con placas NGH-94-20, junto con su hijo menor de edad. Aparentemente, se le informó que había sido notificada previamente para comparecer, pero su detención fue falsa e ilegal. Giovana nunca tuvo conocimiento de ninguna orden en su contra.

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Ser revictimizada en el Estado de México

En la página de Justicia Para Abi se pueden ver los videos en vivo donde Giovanna es ingresada al penal de Barrientos.

«Así deberían de actuar las autoridades para detener a los feminicidas, asesinos y violadores, a los deudores alimentarios, para eso sí son rápidos, exigimos que los derechos de nuestra hermana Gio no sean más pisoteados, después de haber tenido un proceso revictimizante Gio logró una sentencia condenatoria para el maldito violador de Carlos Alberto , hacemos responsables a las autoridades del penal de Barrientos si le llega a pasar algo a nuestra hermana Gio.» declaron activistas Justicia Para Abi

Fue trasladada al penal de Barrientos ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, por el supuesto cargo de «Incumplimiento de sus obligaciones«. En esta ocasión, cabe preguntarse si el actuar de ministerios públicos, policías de investicación (PDI), jueces y agentes que «realizan su trabajo» con una mujer víctima de abuso sexual es realmente eficaz o solo mantienen las injusticias. Los y las lectoras tienen la última palabra.

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