El pasado lunes 24 de octubre, Uziel «N» presuntamente asesinó a la joven Elena Santos en Santa Teresa, Huehuetoca, Estado de México.
De acuerdo con testigos citados por el medio local Revista Sabias, Elena fue atacada con un arma blanca por quien fuera identificado como su expareja. El hombre huyó del lugar tras cometer el feminicidio y desde entonces ha sido encubierto por sus familiares.
Las últimas versiones indican que Uziel se trasladó en un vehículo Hyundai Grand l10 de color azul al momento de la huída, aparentemente tomó dirección hacia la autopista México-Querétaro.
Como seña partícular el automóvil tiene la puerta izquierda del lado trasero abollada.
Tras darse a conocer la noticia, familiares y amigos de Elena pidieron a las autoridades esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable; sin embargo, al día de hoy no hay ninguna actualización del caso.
Días después y ante la falta de respuesta se convocó mediante redes sociales a una marcha pacífica para exigir justicia. El contingente partió de Santa Teresa 9 con rumbo al Palacio Municipal pasando por la Agencia del Ministerio Público.
Pero esto tampoco funcionó. No hubo pronununciamiento.
Colectivas, vecinos y familiares tomaron la decisión de dirigirse rumbo hacia la carretera federal Jorobas-Tula para mantener un bloqueo. Hasta este momento y a más de una semana del feminicidio de Elena las autoridades hicieron saber a la familia que se habrió una carpeta de investigación en un acto meramente protocolario que llevaron a cabo a través de mensajes de WhatsApp.
El distanciamiento de este tipo de hechos es tal que la manera en la que se sociabiliza con los familiares de las víctimas es por más el reflejo de la insensibilidad de los funcionarios en una entidad que contempla, sí solo contempla, los casos ocurridos en 18 de los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero… que no se les olvide a las autoridades que esté donde esté Uziel «N» debe ser detenido. Debe caer preso de sus acciones, sin reparo, sin impunidad, sin perder de vista por un segundo que el feminicidio debe ser castigado con 40 a 70 años de prisión según consta en el Código Penal del Estado de México y que si eso no ocurre lo único que queda al descubierto es la omisión -más no incapacidad- de las autoridades por «meter las manos» en lo que compete: un feminicidio.
No, Elena no es un número. Elena, no forma parte de sus estadísticas por más que intenten minimizar su nombre a un dato. Elena forma parte de la vida de familiares y amigos que quebraron por esta tragedia, pero saben que aquí no termina nada. Desafortunadamente se ha aprendido la necesidad de «empujar» a un sistema de justicia rígido y perezoso que, ante el peso de las ‘monedas’ en sus bolsillos, los vuelve una mayor carga, más no inamovibles.
A poco más de una semana de haber ocurrido, el feminicidio de Elena ha quedado a la sombra de otros tantos (no menores) que se han mediatizado. Aquellos que han servido de una u otra forma para que las autoridades se «llenen la boca» señalando a la víctima como responsable: la vía fácil, el recurso práctico, el que causa menos fatiga a alcaldes, fiscales, gobernadores y la lista se extiende a varios servidores públicos a lo largo y ancho de la República.
