El Estado de México, como una de las entidades federativas más pobladas y políticamente relevantes del país, se prepara para enfrentar una serie de retos cruciales en las próximas elecciones. En este escenario, se vislumbra un panorama complejo en el que diversos factores desafían tanto a los partidos políticos como a las instituciones encargadas de garantizar un proceso electoral transparente y justo.
La candidata Delfina Gómez, quien encabeza la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’ confirmada por el Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena ha sido criticada por su desempeño en la administración de otros cargos públicos, el último al frente de la Secretaría de Educación Pública que dejó apenas en 2022 y en el que tan solo estuvo un año.
Por su parte, Alejandra del Moral, la candidata del PRI que encabeza la alianza ‘Va por el Estado de México’ con el PAN y el PRD, se encuentra ante uno de sus mayores retos: mantener la gubernatura del Estado de México que históricamente ha pertenecido al partido tricolor. Sin olvidar que lo que ocurra este 2023 en el Estado de México y Coahuila será decisivo para los próximos comicios del 2024 en los que se disputará el cargo que actualmente sostiene Andrés Manuel López Obrador; la presidencia.
Y es que sin importar que el PRI se juega su supervivencia y posiblemente su disolución como partido y Morena la obtención de casi la totalidad de la República, uno de los principales retos en estás votaciones es el combate a la desconfianza ciudadana hacía el sistema político. A lo largo de los años, el Estado de México ha sido testigo de diferentes episodios de corrupción, impunidad y falta de transparencia, lo que ha minado la credibilidad de los actores políticos y ha generado escepticismo en la ciudadanía. Superar esta desconfianza será fundamental para lograr una participación ciudadana activa y fortalecer la democracia.
Asimismo, la violencia política y los actos de intimidación hacia candidatos y electores son fenómenos preocupantes en la entidad. Las autoridades electorales deben garantizar un ambiente seguro y libre de violencia para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin temor. Además, se requiere una estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad y las instituciones electorales para prevenir y atender cualquier incidente que pueda poner en riesgo la integridad de los participantes en las elecciones.
Esta entidad enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo social y económico, lo que ha generado una brecha entre los diferentes sectores de la población. Es necesario que los candidatos y partidos políticos presenten propuestas claras y viables para abordar estas problemáticas, así como para promover una distribución equitativa de los recursos y oportunidades.
Por último, se debe mencionar el reto para garantizar una competencia electoral equitativa y justa. Es fundamental que se respeten los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, con el fin de evitar prácticas que vulneren la voluntad popular.
La promoción de un marco legal sólido y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de supervisar el proceso electoral son elementos clave para asegurar una competencia democrática y transparente; sin embargo, eso no parece ser algo seguro en la entidad, pues el apoyo del gobierno federal hacia la candidata de su partido y el PRI con Salario Rosa y Salario Familiar como sus bastiones, parecieran no ser la excepción de acuerdo con las denuncias de coerción emitidas en redes sociales en los últimos días.
En conclusión, las elecciones en el Estado de México se enfrentan a diversos retos que deben ser abordados de manera efectiva para fortalecer la democracia y generar confianza en el sistema político. Superar la desconfianza ciudadana, garantizar la seguridad, combatir la desigualdad y fomentar una competencia equitativa son tareas fundamentales para lograr un proceso electoral que impulse la resolución de problemáticas y promueva la implementación de políticas públicas acordes a la necesidad de la población mexiquense.
