San José Chiapa, Puebla.- El 12 de junio de 2026 se realizó en la cabecera municipal de San José Chiapa un foro convocado por el Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa, en el que participaron organizaciones sociales y comunitarias de Puebla e Hidalgo para analizar los alcances del proyecto llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, promovido por el gobierno federal para esta región.
Al encuentro asistieron integrantes del Frente por la Vida y la Justicia para la Región Tolteca, quienes expusieron los antecedentes del mismo proyecto cuando fue planteado para los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, en Hidalgo. La delegación que acudió a compartir su experiencia explicó las desventajas que encontraron en la investigación, razón por la cual los habitantes de toda la región expresaron su oposición en la consulta pública realizada el pasado 14 de diciembre, lo que impidió la instalación del proyecto.
Durante el foro se señaló que dichos municipios forman parte de una zona donde operan instalaciones industriales, entre ellas la refinería Miguel Hidalgo y una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. También se mencionó que por esa región circulan aguas residuales provenientes de la Zona Metropolitana de la Cuenca de México que desembocan en la presa Endhó.
Los asistentes expresaron preocupación por la posibilidad de que el proyecto sea desarrollado ahora en San José Chiapa, municipio ubicado en un corredor territorial situado entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Históricamente, esta ruta ha sido utilizada para el tránsito de mercancías y personas desde épocas prehispánicas.
Diversos registros históricos refieren la existencia de asentamientos humanos anteriores a la llegada de los españoles. Durante el periodo colonial se establecieron haciendas agrícolas y ganaderas vinculadas a las rutas comerciales que conectaban el centro de la Nueva España con el Golfo de México. Posteriormente, durante el Porfiriato, la expansión del ferrocarril incorporó a la región a la red de transporte que comunicaba el altiplano con la costa del Golfo.
En años recientes, la zona fue incorporada al desarrollo industrial asociado a la instalación de la planta Audi y de empresas proveedoras. Habitantes de Nopalucan señalan que durante las obras de preparación de terrenos fueron localizados vestigios arqueológicos. Parte de las piezas recuperadas por pobladores se encuentran actualmente en el Museo Comunitario de Nopalucan.
Mientras se desarrollaba el evento, un grupo de habitantes encabezado por el regidor Trinidad Isidoro Castillo, de la junta auxiliar de San José Ozumba, realizó una movilización por las calles aledañas al foro para manifestar su respaldo al proyecto, conocido localmente como “La Recicladora”. Por otra parte, asistentes provenientes de Rafael Lara Grajales y Nopalucan denunciaron presuntas acciones de promoción por parte de autoridades locales para favorecer su aceptación.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha criticado que administraciones anteriores facilitaron la instalación de proyectos de inversión extranjera en la región, entre ellos la planta Audi. Actualmente, su gobierno impulsa la creación de un parque industrial vinculado al Polo de Economía Circular para el Bienestar, donde se contempla la instalación de una planta de pirólisis para el tratamiento de residuos. Asimismo, se ha informado que las empresas que se establezcan en el complejo podrán acceder a incentivos fiscales previstos para este tipo de desarrollos.
De acuerdo con información oficial, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas determinó que dentro de la superficie considerada para el proyecto no se identifican localidades indígenas, por lo que no reconoció la existencia de comunidades titulares del derecho a la consulta previa, libre e informada por posibles afectaciones a derechos territoriales indígenas. Sin embargo, las organizaciones participantes recordaron que se asumen como pueblos originarios de ese territorio con una historia milenaria, además de la necesidad de contar con información sobre los alcances del proyecto y sus posibles efectos sobre el territorio antes de que continúen los procesos de autorización, exigiendo que sean los pobladores quienes de manera informada y transparente decidan el futuro de su territorio.
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